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El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este martes un paquete de restricciones a redadas de ICE, prohibiendo el uso de guantes de descarga eléctrica e impuso impuestos a los centros de detención, como media para contrarrestar la agenda de deportaciones del gobierno de Donald Trump.
Newsom declaró a través de un comunicado que las nuevas medidas buscan incrementar la supervisión de las operaciones de control migratorio y establecer nuevos estándares para las fuerzas del orden y las instalaciones de detención que operan en California.
Una de las disposiciones más destacadas, la AB 2760, prohíbe el uso de guantes capaces de emitir descargas eléctricas. La medida fue aprobada después de que el ICE avanzara con la adquisición de este tipo de dispositivos para sus agentes. De acuerdo con Associated Press, la agencia adjudicó recientemente un contrato de casi 17 millones de dólares para adquirir 6 mil pares.
Los guantes cuentan con electrodos que pueden transmitir una descarga eléctrica cuando entran en contacto directo con la piel. La prohibición entrará en vigor el próximo año y permanecerá vigente hasta 2030.
El paquete también establece restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante determinadas operaciones de aplicación de la ley, incluidas aquellas relacionadas con el control migratorio. Además, impide que agentes de ICE que hayan cometido faltas graves en el desempeño de sus funciones puedan convertirse posteriormente en agentes del orden o empleados públicos de California.
Impuesto a centros privados de detención
Otra de las medidas establece un impuesto de 25% a los operadores de centros privados de detención de inmigrantes en California, y elimina también una exención fiscal que permitía a determinadas instalaciones acceder a beneficios tributarios.
De acuerdo con medios locales, el impuesto podría generar alrededor de 177 millones de dólares, de acuerdo con un análisis fiscal de la legislación. Los recursos serán destinados a servicios relacionados con procesos migratorios.
Las nuevas leyes también amplían los mecanismos de supervisión estatal sobre los centros de detención, establecen derechos para las personas detenidas y aumentan el acceso público a determinados registros sobre las instalaciones.
Una de las disposiciones, la SB 747, permite presentar demandas civiles contra funcionarios federales cuando se alegue una violación de derechos constitucionales. Otras leyes establecen investigaciones estatales sobre determinados incidentes relacionados con agentes federales y nuevas condiciones para la apertura o ampliación de centros de detención.
Newsom defendió las medidas y afirmó que California busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las operaciones de control migratorio en el estado.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, ha cuestionado las restricciones estatales y sostiene que la aplicación de las leyes migratorias corresponde al gobierno federal. La prohibición de determinadas herramientas utilizadas por agentes federales podría enfrentar desafíos judiciales sobre los límites de la autoridad estatal frente a la jurisdicción federal.
We are pushing back on Trump's cruel Orwellian immigration tactics.
— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 29, 2026
I just signed a package of bills to strengthen transparency, accountability, and oversight of federal immigration enforcement in California — including a first in the nation ban on shock gloves. pic.twitter.com/z222bYKtVZ
