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Este lunes una jueza federal bloqueó en California una ley estatal que prohíbe a los agentes locales y federales, incluyendo a los migratorios, el uso de pasamontañas y máscaras, lo que supone una victoria para el Gobierno del presidente Donald Trump, que había demandado la medida.
La jueza Christina Snyder, del Tribunal Federal en Los Ángeles, dictaminó que la ley SB 627, aprobada ek año pasado, discriminaba a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otros agentes federales afectados por la prohibición.
La ley exceptúa a la Policía estatal, así como a los miembros de grupos especiales.
“(La ley) trata a las fuerzas del orden federales de manera diferente a los agentes de las fuerzas del orden estatales en situaciones similares”, escribió Snyder en su fallo temporal.
No obstante, la juez mantuvo la ley SB 805 que exige a los agentes mostrar de manera visible una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas, que también había sido demandada por el Ejecutivo estadounidense.
En su demanda, el Gobierno de Trump argumentó que la prohibición de cubrirse el rostro ponía en riesgo la seguridad de los agentes, quienes según alegó, enfrentan acoso, filtración de datos personales y episodios de violencia.
Desde la aprobación de ambas leyes, la administración republicana había adelantado que no acataría la normativa. La semana pasada, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, también expresó su rechazo a la prohibición del uso de cubiertas faciales.
California se convirtió en el primer estado en aprobar una norma que impedía a los agentes migratorios cubrirse el rostro durante operativos, una demanda que ha ganado fuerza en distintas partes del país y en el Congreso, especialmente tras la muerte de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Mineápolis el mes pasado.
Ambas leyes estaban previstas para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, pero su aplicación quedó suspendida mientras se resolvía la demanda judicial.
El fallo abre la posibilidad de que California reformule la ley para evitar excepciones que generen un trato desigual entre autoridades estatales y federales.
