La propuesta de ley HB-10 en Carolina del Norte ha generado un fuerte debate al ser considerada como una ley antiinmigrante.
Su principal disposición exige que las fuerzas del orden locales colaboren activamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, particularmente aquellos involucrados en delitos graves o violentos.
Esta ley fue aprobada por la Asamblea General de Carolina del Norte, que actualmente tiene una supermayoría republicana, y ha sido respaldada por legisladores como el representante estatal Destin Hall.
Sin embargo, el gobernador demócrata Roy Cooper vetó esta ley en septiembre de 2024, argumentando que era inconstitucional y que desviaba recursos públicos innecesariamente. Además, Cooper considera que las leyes existentes ya permiten procesar a criminales peligrosos sin importar su estatus migratorio.
En respuesta a este veto, los republicanos buscan anular la decisión, con la intención de aprobarla antes de que se renueve la Asamblea en el próximo ciclo legislativo
Además de la cooperación con ICE, la ley HB-10 también incluye un componente de financiamiento para vales escolares, que podría beneficiar a escuelas privadas, un tema que ha sido criticado por quienes defienden la educación pública.
Organizaciones como la ACLU y el North Carolina Justice Center han expresado su preocupación por los efectos de esta ley, argumentando que debilita la autonomía local y podría aumentar la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades.
