Imagen vía Storyblocks
Este viernes un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump continuar financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre de gobierno, brindando un alivio a corto plazo a 42 millones de estadounidenses que recibieron la ayuda horas antes de que se agotaran los fondos.
La jueza de distrito Indira Talwani dictaminó que el gobierno debe reanudar los beneficios del SNAP, que caducaban el 1 de noviembre, al considerar que la suspensión de los fondos era probablemente ilegal. Además, ordenó que la administración entregue antes del lunes 3 de noviembre un informe detallado sobre cómo planea mantener la financiación del programa.
LEE TAMBIÉN: El aeropuerto JFK suspende vuelos por falta de personal durante el cierre de Gobierno
Minutos después, otro juez federal en Rhode Island, John McConnell, emitió una orden similar, instruyendo al gobierno a usar fondos de emergencia para pagar los beneficios del programa “lo antes posible”.
La decisión judicial llega tras una demanda presentada por una coalición de 25 estados demócratas, que advirtieron que millones de personas vulnerables podrían sufrir hambre si se interrumpía el financiamiento del programa de cupones de alimentos.
Durante la audiencia, Talwani se mostró empática con los argumentos estatales:
“Me cuesta entender cómo esto no es una emergencia cuando no hay dinero y mucha gente necesita sus beneficios del SNAP”, declaró.
TE PODRÍA INTERESAR: EE.UU. celebra un Halloween de récord con disfraces, dulces y un gasto histórico
Los estados demandantes acusaron al Departamento de Agricultura (USDA) de negarse a usar un fondo de contingencia de 5,000 millones de dólares que podría haber cubierto total o parcialmente los beneficios de noviembre. El USDA justificó su decisión al señalar que el fondo se reservaría para atender desastres naturales.
El fallo ofrece un respiro temporal, pero el conflicto político continúa en el Senado, donde los republicanos siguen divididos respecto a la financiación de los programas sociales durante el cierre de gobierno, que ya es uno de los más prolongados en la historia del país.
