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El Congreso de Colombia aprobó este martes el presupuesto para el 2027 del presidente derechista Abelardo De la Espriella, después de discutirlo casi 20 horas.
Durante la madrugada de este martes, ambas cámaras del congreso colombiano dieron luz verde al presupuesto presentado por el gobierno, equivalente a 201 mil millones de dólares, que promete recortes en el tamaño del Estado y austeridad.
La aprobación supone la primera victoria legislativa de De la Espriella desde que asumió el poder el pasado 7 de agosto, pero la oposición criticó el impacto del plan en el empleo, los sectores más pobres y en el pacto de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC)
Además, el presupuesto proyecta un déficit fiscal equivalente al 9.4% del producto interno bruto (PIB), uno de los niveles más altos de América Latina, similar al previsto para Brasil.
Del presupuesto aprobado, aproximadamente 124 mil 500 millones de dólares se destinarán a gastos de funcionamiento del Estado. El gobierno ha anunciado que buscará reducir el tamaño de la administración pública, aunque todavía no ha detallado qué partidas presupuestarias serán recortadas.
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió la necesidad de ajustar el gasto y señaló que el país deberá aceptar una reducción de la inversión en el marco de una política de austeridad.
Además, el Ejecutivo se comprometió a presentar en los próximos tres meses una iniciativa legislativa para disminuir el gasto público en un equivalente al 2.2% del PIB.
Entre las entidades afectadas por los recortes se encuentra el tribunal surgido del acuerdo de paz, encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Su financiación se reducirá en aproximadamente 57.5 millones de dólares, un recorte del 24% respecto de los cerca de 235 millones asignados en el presupuesto anterior.
El presupuesto también contempla alrededor de mil 236 millones de dólares para la atención y prevención de desastres, tras el devastador terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
La aprobación del plan financiero para 2027 marca un avance político para el gobierno colombiano, pero mantiene abiertas las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, el impacto social de la austeridad y los recursos destinados a la implementación de la paz.
