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Un derrumbe en una mina de oro ilegal en Colombia deja nueve muertos y cerca de 30 desaparecidos, en una zona de difícil acceso controlada por grupos armados, informaron las autoridades locales el lunes.
Las autoridades locales informaron que, en la mañana de este lunes, se registró el deslizamiento de tierra en una mina artesanal de oro, ubicada en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. Organismos de emergencia desplegaron brigadas de búsqueda para socorrer a las víctimas debido a las precarias condiciones de seguridad laboral que aumentaron la vulnerabilidad de las personas atrapadas bajo el barro.
La Secretaría de Paz y Seguridad de Nariño confirmó las nueve muertes con base en reportes preliminares de la comunidad. Entretanto, las autoridades mantienen las labores para determinar el número exacto de afectados y encontrar a los mineros desaparecidos.
Las operaciones se complican por la geografía de la zona, las condiciones meteorológicas adversas y la inestabilidad del terreno, además de los riesgos de seguridad derivados de la presencia de grupos armados.
Solicitan apoyo aéreo y corredores humanitarios
La Defensoría del Pueblo solicitó apoyo aéreo a las Fuerzas Militares para facilitar el traslado de los equipos de emergencia y acelerar las tareas de rescate. De igual manera, pidió a los grupos armados que operan en el área de manera ilegal, respetar los corredores humanitarios y permitir el tránsito del personal de socorro y de los peritos de Medicina Legal, encargados de identificar los cuerpos.
Las instituciones estatales también buscan establecer rutas seguras para trasladar maquinaria pesada y retirar los escombros que dificultan el acceso al lugar del derrumbe.
La minería ilegal, un riesgo para las comunidades
El accidente vuelve a poner en la mira los peligros de la minería informal en regiones rurales de Colombia, donde la falta de oportunidades económicas lleva a algunas comunidades a trabajar en actividades extractivas de alto riesgo.
A estos peligros se suma la presencia de organizaciones armadas que, de acuerdo con las autoridades, utilizan la minería ilegal como fuente de financiación para sus actividades delictivas y ejercen presión sobre las poblaciones locales.
Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades solicitan mayores garantías de seguridad para los brigadistas y esperan avanzar en la localización de los desaparecidos. La prioridad es rescatar a posibles sobrevivientes y recuperar e identificar a las víctimas.
