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Un tribunal de Seúl emitió una histórica orden de arresto contra el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, acusado de planear una insurrección y abusar de su poder al imponer brevemente la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta decisión marca la primera vez que un mandatario en funciones enfrenta una detención en Corea del Sur.
La orden, emitida por el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl, fue solicitada por un equipo conjunto de investigación tras el incumplimiento de Yoon de tres citaciones judiciales. Ahora, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) tiene 48 horas para detenerlo y proceder con el interrogatorio. Sin embargo, el Servicio de Seguridad Presidencial ha bloqueado la entrada de los investigadores a la oficina presidencial y la residencia oficial del mandatario.
Inmunidad limitada y destitución temporal
Aunque Yoon goza de inmunidad presidencial frente a la mayoría de los procesos penales, esta protección no aplica para los cargos de insurrección o traición. Actualmente, el presidente está destituido temporalmente tras una votación en el Parlamento el pasado 14 de diciembre, y sus funciones permanecerán suspendidas hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo restituye o lo inhabilita definitivamente, una resolución esperada para junio de 2025.
Un “acto de gobernanza” según Yoon
El presidente ha defendido su imposición de la ley marcial como un “acto de gobernanza” destinado a frenar lo que él considera un abuso del poder legislativo por parte de la oposición, que tiene mayoría parlamentaria. Sin embargo, las acusaciones señalan que Yoon habría ordenado al ejército impedir la votación parlamentaria contra la ley marcial, un plan frustrado gracias a la negativa de mandos militares intermedios.
Implicaciones históricas y políticas
La detención de Yoon supondría un hito en la historia democrática de Corea del Sur, donde la relación entre el poder ejecutivo y legislativo se encuentra en su punto más tenso. La resolución del caso definirá el futuro político del país y podría sentar un precedente en la rendición de cuentas de altos funcionarios.
