Imagen vía Facebook Laura Fernández
Evacuan de emergencia a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, después de una explosión sacudiera una zona de minería ilegal cerca de la frontera con Nicaragua, que recorría junto a miembros de su gabinete y legisladores en Crucitas.
El incidente ocurrió mientras la mandataria inspeccionaba la localidad de Crucitas, en la provincia de Alajuela, una región marcada por la extracción ilegal de oro y la presencia de grupos criminales vinculados a esta actividad.
Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento en que una fuerte detonación interrumpe el recorrido oficial. De inmediato, los escoltas de la presidenta la lanzaron al suelo y la protegieron con sus cuerpos y escudos antes de trasladarla a un vehículo de seguridad.
Fernández declaró a los medios locales que se sintió como en una película en donde a uno «lo agarran del pelo, lo tiran al suelo y lo montan al auto” y aseguró que se encontraba en buen estado de salud después de ser evaluada por personal médico.
La presidenta informó además que cinco personas, entre ellas legisladores que participaban en la visita, recibieron atención por golpes de calor, crisis nerviosas y bajas de presión derivadas de la situación.
Fernández señaló que lo ocurrido refleja los riesgos que enfrentan las autoridades en una zona donde operan redes de minería ilegal que, además de extraer oro de forma clandestina, generan daños ambientales en las inmediaciones del río San Juan.
Las autoridades costarricenses no han determinado todavía el origen de la explosión y mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.
El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la mandataria. A principios de junio, el gobierno aseguró haber recibido información sobre un supuesto plan para atentar contra Fernández desde un centro penitenciario.
La explosión también provocó reacciones internacionales. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su respaldo a la gobernante costarricense y condenó lo que calificó como un atentado.
Mientras avanzan las investigaciones, el hecho reaviva el debate sobre la minería ilegal en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, un problema que ambos gobiernos han intentado combatir mediante acciones coordinadas en los últimos meses.
