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Más de veinte fiscales generales estatales presentaron este jueves una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por la decisión de reducir a la mitad la plantilla del Departamento de Educación. La querella, interpuesta en una corte federal de Massachusetts, argumenta que esta medida afectará gravemente los sistemas educativos de los estados demandantes.
El martes, la secretaria de Educación, Linda McMahon, anunció que cerca de 2.000 empleados del departamento serán puestos en baja administrativa, en línea con la política del presidente Donald Trump de reducir el tamaño del gobierno federal. Con esta decisión, la plantilla pasó de 4.133 a 2.183 trabajadores, de los cuales casi 600 aceptaron renuncias voluntarias o jubilaciones.
Los empleados afectados mantendrán su salario y beneficios hasta el 9 de junio, cuando recibirán una indemnización. La reducción del personal ha generado una fuerte reacción por parte de los estados, que consideran que la medida vulnera funciones clave del Departamento de Educación establecidas por la ley.
La polémica surge en medio de rumores sobre una posible orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, una promesa de campaña de Trump que busca reducir la participación federal en la educación y otorgar mayor control a los estados. Según The Wall Street Journal, esta orden ejecutiva podría firmarse en las próximas semanas.
Los estados demandantes advierten que la disminución drástica del personal federal afectará la supervisión de programas educativos esenciales, como el financiamiento a escuelas públicas y la regulación de préstamos estudiantiles. Mientras tanto, el Gobierno federal defiende su decisión como parte de una estrategia para reducir costos y dar mayor autonomía a los estados.
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