Los Ángeles (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Veinticuatro estados demócratas y el Distrito de Columbia demandaron este lunes al Gobierno de Donald Trump por congelar “abruptamente” miles de millones de dólares en subvenciones educativas al considerar que pone en peligro programas extraescolares, así como otras clases especializadas.
Encabezada por California, la querella legal argumenta que la Administración Trump ha violado la Constitución y varias leyes federales al suspender 6.000 millones de dólares en fondos asignados a los programas extraescolares, que incluyen clases de inglés para inmigrantes, entre otros.
El Gobierno ordenó la retención de recursos que el Departamento de Educación (DOE, en inglés) suele poner a disposición de los estados hacia el 1 de julio para que las agencias educativas estatales y locales puedan planificar sus presupuestos para el próximo año académico.
Los estados demandantes alegan que han cumplido con las condiciones de financiación establecidas por la ley y cuentan con planes estatales que el mismo DOE ya había aprobado.
Además, la querella presentada en un tribunal de Rhode Island argumenta que han recibido estos fondos, sin incidentes, durante décadas, incluso el año pasado.
Sin embargo, este año, el 30 de junio, las agencias estatales de todo el país recibieron una notificación anunciando que no se distribuirían estos recursos.
“Sin ton ni son, la Administración Trump congeló abruptamente miles de millones de dólares en fondos para la educación apenas unas semanas antes del inicio del año escolar”, dijo el fiscal de California, Rob Bonta, en un comunicado.
Advirtió que la medida de la Casa Blanca “amenaza” la existencia de programas que ofrecen “oportunidades cruciales” de aprendizaje extraescolar y de verano, que enseñan inglés a los estudiantes y que proporcionan tecnología educativa en las aulas.
California es uno de los estados más afectados con la retención de más de 900 millones de dólares en fondos.
El presidente Donald Trump “parece dispuesto a arriesgar el éxito académico de una generación para impulsar su propia agenda política desacertada. Pero, como ocurre con tantas otras de sus acciones, esta congelación de fondos es manifiestamente ilegal, y confiamos en que el tribunal estará de acuerdo”, subrayó Bonta.
El fiscal californiano encabeza la coalición de demandantes junto con los fiscales generales de Colorado, Massachusetts y Rhode Island.
También se unieron a la demanda los estados de Arizona, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin, Kentucky y Pensilvania.
