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Una coalición de 16 fiscales generales de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Erica Schwartz, por cambios al calendario de vacunas infantiles.
La demanda busca que un tribunal declare ilegal el nuevo esquema y ordene restablecer las recomendaciones anteriores, cuestionando la eliminación de la recomendación universal de siete vacunas, entre ellas las que protegen contra la hepatitis B, influenza, virus respiratorio sincitial (VRS) y meningitis.
La acción fue presentada por Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island y Wisconsin, además del gobernador de Pensilvania.
Los demandantes también impugnan la destitución de los 17 integrantes con derecho a voto del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), realizada por Kennedy en junio de 2025. Según los estados, los reemplazos no siguieron los procedimientos establecidos y algunos de los nuevos integrantes carecían de la experiencia necesaria.
La coalición sostiene que el nuevo comité posteriormente modificó la recomendación sobre la vacuna contra la hepatitis B para los recién nacidos. La recomendación de aplicar una dosis al nacer estaba vigente desde 1991.
Los fiscales argumentan que las modificaciones ignoraron evidencia científica acumulada durante décadas y podrían provocar una reducción de las tasas de vacunación, además de generar confusión entre familias, estados y proveedores de salud.
Como parte de sus argumentos, los estados citan estimaciones según las cuales la vacunación infantil rutinaria entre los niños nacidos en Estados Unidos de 1994 a 2023 evitó aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1.1 millones de muertes, además de generar un ahorro social estimado en 2.7 billones de dólares.
Los demandantes también buscan invalidar los nombramientos realizados para el ACIP y revocar la decisión relacionada con la vacuna contra la hepatitis B. Sostienen que las autoridades federales actuaron de manera arbitraria y contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El litigio forma parte de una disputa más amplia sobre los cambios impulsados por la administración Trump en la política federal de vacunación infantil. El CDC ha defendido las modificaciones como parte de una revisión de las recomendaciones estadounidenses frente a las de otros países desarrollados.
EFE
