Brasilia, 27 may (EFE).- El diputado Eduardo Bolsonaro comparó este martes a la Justicia brasileña con las de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, después de que la Corte Suprema decidió investigar la campaña que mantiene en EE.UU. en búsqueda de sanciones contra los jueces que han procesado a su padre por golpismo.
“Una característica bien común en un régimen de excepción es perseguir, amenazar y detener a los familiares de los disidentes políticos que denuncian”, publicó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en sus redes sociales desde Estados Unidos, donde se encuentra desde marzo pasado.
“Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China y ahora Brasil adoptan el mismo modelo criminal de persecución estatal contra la familia de los disidentes”, apuntó.
La investigación fue abierta este lunes, a pedido de la Fiscalía, y aceptada por el Supremo, que designó como responsable del caso al magistrado Alexandre de Moraes, quien es el principal blanco de las gestiones de Eduardo Bolsonaro ante el Gobierno y el Parlamento estadounidenses.
El diputado se licenció de su escaño en marzo pasado y viajó a Estados Unidos, donde aún permanece, a fin de buscar “justicia” para su padre y otros referentes de la extrema derecha que responden ante la Justicia por golpismo.
El legislador tiene excelentes relaciones con la ultraderecha estadounidense y se ha valido de su acceso al entorno de Donald Trump para intentar promover sanciones contra algunas autoridades y, en especial, el propio juez De Moraes, también relator del juicio por golpismo contra su padre.
Este martes, aseguró que “no esperaba nada diferente del tirano de carretera que avergüenza a la Justicia y ocupa indebidamente un cargo de magistrado en la más alta corte del país”, en abierta alusión a De Moraes.
También, agregó que “la transformación del Estado brasileño en una organización criminal está casi completa” y apuntó que los responsables “pagarán por sus crímenes”.
En las últimas semanas, el hijo del exmandatario ha publicado numerosos mensajes en redes sociales, junto a legisladores del Partido Republicano que califican a Brasil de “dictadura” y se dicen inclinados a promover sanciones contra el juez.
La semana pasada, durante una comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Parlamento, el diputado republicano Cory Mills le preguntó si el Gobierno de Trump considera la posibilidad de sancionar al magistrado brasileño por supuestas violaciones de los derechos humanos.
“Hay una gran posibilidad”, respondió Rubio, en una escena que Eduardo Bolsonaro ha reproducido en sus redes sociales.
El expresidente Bolsonaro y una treintena de sus colaboradores responden ante el Supremo por una supuesta conspiración para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria frente al líder ultraderechista en las elecciones de 2022.
Según la acusación, esa conspiración desembocó en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocase al nuevo Gobierno.
