Naciones Unidas, 20 ago (EFE).- La ONU criticó hoy las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) por ordenar y llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, entre otros.
“Esta decisión supone un grave impedimento al funcionamiento de la oficina del fiscal (de la CPI) con respecto a todos los casos que se encuentran ahora ante la Corte”, dijo el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, que además resaltó que “la independencia judicial es un principio básico que debe respetarse”.
En todo caso, quiso dejar claro que la CPI es una institución separada de la estructura de la ONU y, por consiguiente, el secretario general -António Guterres- “no tiene ni autoridad ni control sobre ella”.
Ello no obsta para que la ONU considere que la CPI “es un pilar fundamental de la justicia penal internacional”, y por eso la decisión del gobierno de Trump resulta “preocupante”, abundó Dujarric.
Con las nuevas sanciones a los cuatro miembros de la CPI, comunicadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de penalidades después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal, Karim Khan.
Esta vez, Rubio anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.
“Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.
La sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en EE.UU., y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.
“EE.UU. -que no reconoce la jurisdicción de la CPI- ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI. La Corte representa una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal (“lawfare”) contra EE.UU. y nuestro cercano aliado Israel”, añadió este miércoles Rubio en un comunicado.
