Madrid, 4 nov (EFE).- El segundo día del juicio al fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, transcurrió centrada en los testimonios de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien es parte acusatoria por la presunta filtración de información a la prensa sobre una investigación por fraude a Hacienda que recae sobre él.
El juicio en el Tribunal Supremo español, que comenzó ayer y se celebra hasta el 13 de noviembre, juzgará si García Ortiz filtró un correo en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, proponía un pacto al fiscal y reconocía que “ciertamente” había cometido dos delitos contra Hacienda -que le reclama 350.000 euros- en busca de una rebaja en la petición de condena.
González Amador testificó este martes ante el Tribunal Supremo español y acusó al fiscal de “matarle públicamente” porque, según este empresario, tras la publicación de la información sobre el pacto que ofreció su abogado al fiscal, se convirtió en “el delincuente confeso del Reino de España”.
El empresario, investigado también por corrupción en los negocios, ha señalado que con la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 se rompió su presunción de inocencia y desde el Gobierno comenzó a aludirse a él como “delincuente confeso”.
También ha testificado hoy el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien afirmó que él no envió el correo con la información sobre el pacto entre González Amador y la fiscalía a los periodistas porque, según su versión, no lo tenía. Pero sí difundió a los periodistas que un fiscal había recibido “órdenes de arriba” para retirar un pacto con el abogado de la pareja de la presidenta madrileña.
Durante la primera jornada del juicio, ayer el fiscal general español negó ser autor de los delitos que se le imputan y denunció vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La acusación particular, que ejerce la pareja de Díaz Ayuso, y las acusaciones populares piden entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación para el fiscal, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, reclaman su absolución.
Este caso ha provocado un importante debate político en España entre el conservador Partido Popular (PP), al que pertenece Isabel Díaz Ayuso, que piensa que el Fiscal General debería haber dimitido ante la imputación para salvaguardar el prestigio de la institución, y el Gobierno socialista, que nombra a este alto cargo del Estado y que defiende su inocencia.
