Washington, 2 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos sopesó este miércoles el primer caso relacionado con la salud reproductiva desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió su segundo mandato el 20 de enero de este año.
Durante la audiencia, los magistrados de la corte escucharon los argumentos de una demanda contra la decisión del gobierno de Carolina del Sur de impedir que la proveedora Planned Parenthood reciba fondos del programa de salud Medicaid, destinado a personas de bajos recursos.
Aunque el aborto en Carolina del Sur está prohibido después de las seis semanas de gestación, el Gobierno republicano busca evitar que las personas que dependen del plan de salud estatal puedan acceder a cuidados médicos a través de Planned Parenthood, la principal proveedora de salud reproductiva del todo el país.
Durante la vista, los magistrados se mostraron divididos sobre el caso, proveniente de una demanda del gigante médico y uno de sus pacientes que pidió al Gobierno que le permita acceder a los servicios de la clínica bajo Medicaid.
Dos de los seis jueces conservadores, incluyendo Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, expresaron dudas sobre el derecho de un paciente a demandar al estado si no puede acceder al proveedor médico de su preferencia.
Por su parte, los magistrados liberales insistieron en que la ley que creó el programa de sanidad gubernamental establece que los pacientes deben poder ser atendidos por cualquier proveedor que acepte Medicaid.
El Supremo de EE.UU. emitió una polémica decisión en 2022 que eliminó la protección al aborto a nivel nacional y permitió que cada estado decidiera al respecto.
Cuatro años antes, en 2017, el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, firmó una orden ejecutiva por la que exige a las agencias estatales que corten los fondos destinados a las clínicas que realizaran abortos, entre ellas -en ese entonces- Planned Parenthood.
Se espera que el tribunal emita un fallo sobre este caso en el mes de junio.
La audiencia de hoy llega poco más de un mes después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cortar los fondos federales dirigidos a financiar o promover los abortos electivos.
Sin embargo, la ley federal ya prohíbe que el uso de fondos de Medicaid para cubrir abortos, salvo en casos de violación, incesto o cuando la salud de la madre está en riesgo.
El aborto es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de EE.UU., según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.
