Ciudad de México, 26 ene (EFE).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió este lunes que los gobiernos estatales instalen “con toda prioridad” unidades especializadas dentro de sus fiscalías para atender la extorsión, ante el incremento de este delito “estructural” y su impacto “persistente” en la operación de las empresas.
“Desde la Coparmex sostenemos que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México”, advirtió Juan José Sierra, presidente de la patronal mexicana en un comunicado.
El líder del organismo, que representa a más de 36.000 empresas en México, afirmó que “no se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas”.
Coparmex advirtió que, con base en datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el fenómeno se expande “sin mostrar señales de contención efectiva”, aun cuando hay evidencia de reducción en otros delitos.
Según estos datos al cierre de 2025, el número anual de víctimas pasó de 6.223 a 11.081 en comparación con 2015, un aumento de casi el 78 % en 10 años, mientras la extorsión creció en 20 de los 32 estados mexicanos en el último año.
El organismo detalló que solo cinco estados (Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz) concentraron 65,2 % de los casos.
Además, Sierra detalló que, según el indicador #MasSeguridad de #DataCoparmex, 46,8 % de las empresas fue víctima de al menos un delito y la extorsión fue el segundo con más casos.
De ellos, el 68,8 % ocurrió por vía telefónica y en 31,2 % se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que, según Sierra, mina la confianza institucional.
En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes en conferencia de prensa que está por publicarse una reforma constitucional y, posteriormente, leyes para que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia.
También dijo que pidió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) información para identificar las ciudades donde aumentó para reforzar acciones, y que, cuando se reportan números usados para extorsión, se solicita a las telefónicas darlos de baja.
