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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ordenó a sus fiscales priorizar la revocación de la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos, generando críticas entre los defensores de los derechos civiles.
El fiscal adjunto de la División Civil del DOJ Brett A. Shumate envió un memorando en el que advierte que su oficina “priorizará y promoverá al máximo” los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas. De igual manera instruye a los fiscales de esa división “promover” la tramitación de todos los casos viables de desnaturalización, manteniendo la integridad del sistema de naturalización.
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¿Qué delitos pueden causar la pérdida de la ciudadanía?
El DOJ identificó diez tipos de infracciones que pueden llevar a la revocación de la ciudadanía estadounidense, entre ellas:
- Fraude en el proceso de naturalización
- Participación en crímenes de guerra o violaciones a derechos humanos
- Vínculos con terrorismo, espionaje o tortura
- Afiliación a pandillas criminales transnacionales
- Delitos financieros o fraudes contra programas públicos como Medicaid
- Delitos graves no revelados durante la solicitud de ciudadanía
Shumate también señaló que otros casos “relevantes” podrán ser considerados, lo que otorga una amplia discreción a los fiscales.
Organizaciones critican la medida
Ante el anuncio la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) calificó la medida como “alarmante”. Su presidente, Christopher Wellborn, advirtió que la vaguedad del memorando podría permitir desnaturalizaciones por cualquier delito, en cualquier momento, con base en alegaciones no probadas.
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También puntualizó que muchos inmigrantes no cuentan con representación legal adecuada, comprometiendo el proceso garantizado por la Decimocuarta Enmienda.
Este enfoque intensificado se enmarca en la estrategia más amplia de la Administración Trump, durante su anterior gestión, para endurecer las políticas migratorias. Si bien el DOJ insiste en que sólo se actuará conforme a la ley, el temor a la arbitrariedad y el impacto en comunidades vulnerables es creciente.
EFE
