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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump reanudar el muro fronterizo con México y obras complementarias en la región de Big Bend, en Texas, mientras continúa el litigio contra el proyecto.
De acuerdo con información de CBS News, el máximo tribunal revocó una suspensión temporal emitida por una jueza federal, al considerar que retrasaba los trabajos y obstaculizaba los objetivos del Gobierno en materia de seguridad fronteriza.
En la resolución de cinco páginas, los magistrados señalaron que el Congreso estableció medidas para acelerar la construcción de barreras y caminos en la frontera, incluso mediante excepciones a determinadas leyes de protección ambiental y conservación.
La jueza Ketanji Brown Jackson votó en contra de conceder la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia.
¿Cómo será el muro en Big Bend?
El proyecto contempla la instalación de barreras de bolardos de nueve metros de altura, más de 320 kilómetros de caminos de patrullaje y alrededor de 27 kilómetros de infraestructura destinada a impedir el paso de vehículos, en más de 800 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
En esta zona se encuentran el Parque Nacional Big Bend, el Parque Estatal Big Bend Ranch y extensos tramos del río Bravo.
La administración Trump justificó la construcción al señalar que, entre 2021 y 2025, las autoridades detuvieron a más de 89 mil personas que intentaban cruzar sin autorización por ese sector.
Sin embargo, las organizaciones y particulares que impugnaron las obras argumentaron que Big Bend registra el menor número de detenciones entre los siete sectores de la frontera sur. Según sus datos, la región concentra entre 0.3 y 2.2 por ciento del total anual, pese a abarcar más de una cuarta parte de la línea fronteriza.
La demanda contra el proyecto fue presentada por una organización ambientalista, un guía de recorridos por el río y una agrupación religiosa, en la que advirtieron que la construcción de barreras y caminos podría fragmentar ecosistemas, limitar el acceso público al río Bravo y afectar sitios históricos y propiedades privadas.
El mes pasado, la jueza federal Kathleen Cardone había ordenado suspender las obras al considerar que el secretario de Seguridad Nacional excedió sus facultades al emitir las excepciones legales que permitieron iniciar los trabajos.
Con la decisión de la Corte Suprema, la administración Trump podrá continuar la construcción mientras el proceso judicial sigue su curso.
