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Según un reporte publicado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), las autoridades estadounidenses han ejecutado al menos a 21 personas “probablemente inocentes” desde el inicio de la era moderna de la pena de muerte en 1973.
El informe publicado este jueves “Fatal Flaws: Innocence, Race and Wrongful Convictions” (“Errores fatales: inocencia, raza y condenas erróneas”), advierte que podrían existir más casos que no han sido detectados. De las 21 ejecuciones analizadas, 11 correspondían a personas de minorías raciales y étnicas, y en el 76% de los casos la víctima era blanca, un patrón que la ACLU considera indicativo de sesgos raciales en el sistema de justicia.
El reporte destaca el caso de Carlos DeLuna, un hombre latino ejecutado en Texas en 1989 tras haber sido identificado erróneamente como el asesino de un empleado de gasolinera en Corpus Christi; la evidencia posterior señaló que el verdadero responsable habría sido otra persona llamada Carlos Hernández.
También menciona la ejecución de Leo Jones, un afroamericano condenado por un jurado compuesto únicamente por personas blancas en Florid; el reporte indica que Jones fue sentenciado por el asesinato de un oficial de policía a partir de una “confesión coaccionada”.
Además, el informe subraya que al menos 200 personas condenadas a muerte han sido exoneradas tras demostrarse su inocencia, de los cuales más de la mitad (108) eran afroamericanos, un grupo que enfrenta siete veces más probabilidades de recibir una condena capital injusta.
Entre los casos más emblemáticos aparece el de Glynn Simmons, quien pasó 48 años en prisión, el periodo más largo registrado para un condenado erróneamente a la pena de muerte, antes de ser liberado en 2023 tras invalidarse su condena por el asesinato de Carolyn Sue Rogers en Oklahoma.
De acuerdo con la ACLU, el factor más determinante en estas exoneraciones es la existencia de falsos testimonios, presentes en el 93.8% de los casos que involucraron a personas latinas y en el 70.7% de los casos de personas afroamericanas. También influyen la mala conducta policial y fiscal, identificaciones erróneas, peritajes poco confiables y jurados sin diversidad racial.
“Cada condena equivocada no solo revela un fracaso individual, sino patrones de injusticia sistemática arraigados en la pena de muerte. La pena capital se construyó sobre la base del racismo”, declaró Megan Byrne, abogada sénior del Proyecto de Pena Capital de la ACLU.
El informe se publica en un momento en que Estados Unidos acumula 43 ejecuciones en 2025, un aumento del 72 % respecto al año anterior. Florida encabeza la lista, con 16 ejecuciones, más de un tercio del total nacional, y un récord de nueve ejecuciones registradas solo en julio.
EFE
