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Un tribunal de Estados Unidos divulgó la orden judicial censurada que autorizó la incautación del petrolero frente a las costas de Venezuela, acción que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como “piratería internacional” y un “robo descarado”.
El documento, de 32 páginas, fue publicado el viernes, aunque más de la mitad de su contenido fue censurado, revela que la operación fue ejecutada el miércoles por la Guardia Costera de Estados Unidos, fue ordenada con base en una orden emitida el 26 de noviembre, justo antes de su vencimiento.
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A diferencia de otros operativos en altamar, como los ataques contra presuntas narcolanchas que desde septiembre han dejado cerca de 90 muertos, esta acción contó con una orden formal de decomiso, lo que le dio un carácter legal distinto.
El Departamento de Justicia informó que el buque, identificado como M/T Skipper (antes llamado Adisa), fue utilizado para transportar combustible sancionado dentro de una red que presuntamente respaldaba al grupo islamista Hezbolá y a una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní, ambos clasificados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras.
Además de la incautación, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres familiares del presidente Nicolás Maduro y contra seis navieras vinculadas al transporte de crudo venezolano.
“El servicio de contrainteligencia del FBI, junto con nuestros socios, seguirá aplicando las sanciones de Estados Unidos y bloqueando a nuestros adversarios el acceso a los mercados financieros y a tecnología crítica”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.
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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el petrolero será trasladado a un puerto estadounidense, donde Washington planea confiscar el crudo. Según funcionarios estadounidenses el buque debía atracar en Galveston, Texas, y la tripulación será liberada una vez que llegue a su destino.
Registros de MarineTraffic indican que el petrolero transportaba 1.1 millones de barriles de crudo, aunque Maduro aseguró que la cifra real asciende a 1.9 millones.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la incautación como un duro golpe al “régimen” socialista de Caracas, durante una comparecencia ante el Congreso.
