Foto: EFE
Desde 2010, al menos seis ciudadanos mexicanos desarmados han sido asesinados a tiros en territorio mexicano por agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon desde el lado estadounidense. Ante la falta de reparación judicial en Estados Unidos, las familias de las víctimas buscan ahora el apoyo del Gobierno de México para impulsar sus casos.
“Necesitamos presión del Gobierno mexicano, de cualquier forma”, afirmaron a EFE los abogados Jordee Rodríguez y Nick Shadowen, del despacho Hilliard y Shadowen, durante una conferencia organizada por la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, donde denunciaron que EE.UU. se ha negado a “rendir cuentas”.
Datos de la Southern Border Communities Coalition (SBCC) registran 351 muertes relacionadas con agentes de la CBP desde 2010, aunque organizaciones advierten que se trata de una “cifra menor a la real”, debido a la falta de transparencia de las autoridades estadounidenses.
Entre los casos emblemáticos está el de Guillermo Arévalo Pedroza, asesinado en 2012 durante un picnic familiar en Nuevo Laredo; José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, muerto a tiros en Nogales; y Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, cuyo caso fue desestimado por la Corte Suprema en 2020, otorgando inmunidad a los agentes.
Las familias visitaron esta semana el Senado mexicano y esperan que sus historias lleguen a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras su denuncia avanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
EFE
