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Francia aprueba el derecho a la muerte asistida para pacientes con enfermedades graves e incurables que padezcan un sufrimiento considerado insoportable.
La iniciativa fue avalada este miércoles con 291 votos a favor y 241 en contra, tras un largo proceso legislativo que comenzó en 2025. Aunque el proyecto había recibido el respaldo de la Cámara baja en dos ocasiones, también fue rechazado en dos oportunidades por el Senado, de mayoría conservadora.
Impulsada por el presidente Emmanuel Macron como una de las principales reformas sociales de su segundo mandato, la ley permitirá que determinados pacientes soliciten ayuda médica para poner fin a su vida bajo estrictos criterios y procedimientos.
Sin embargo, antes de entrar en vigor, el texto será revisado por el Consejo Constitucional, a petición del primer ministro Sébastien Lecornu, quien busca que se analicen diversos aspectos de la norma, entre ellos el periodo mínimo de reflexión de dos días para los pacientes.
Tras la aprobación, Macron señaló que el proceso constitucional seguirá su curso conforme al Estado de derecho y agradeció a los legisladores por el debate parlamentario.
En contraste, la Iglesia católica francesa expresó su rechazo a la reforma, al considerar que representa «una ruptura grave» en la historia del país y advirtió sobre sus posibles efectos en la forma de entender la vulnerabilidad, la enfermedad, la discapacidad y la vejez.
¿Qué establece la nueva ley?
La legislación, promovida por el diputado Olivier Falorni, reconoce el derecho a la «ayuda para morir», que deberá ser ejercido por el propio paciente y, únicamente en casos excepcionales de incapacidad física, podrá ser administrado por un médico o un profesional de enfermería.
Para acceder a este derecho será necesario:
- Ser mayor de edad.
- Tener nacionalidad francesa o residencia legal en Francia.
- Padecer una enfermedad grave, incurable e irreversible en fase avanzada o terminal.
- Presentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que el paciente considere insoportable y que no pueda aliviarse.
- Contar con plena capacidad para expresar una decisión libre e informada.
La solicitud deberá presentarse por escrito ante un médico, quien tendrá un plazo de 15 días para emitir una resolución tras una evaluación colegiada. En caso de ser aprobada, el paciente deberá ratificar su decisión después de un periodo mínimo de reflexión de dos días.
El Consejo Constitucional también revisará aspectos relacionados con el consentimiento de personas bajo tutela judicial y la aplicación de la cláusula de conciencia para profesionales e instituciones sanitarias que, por razones éticas o religiosas, se opongan a participar en estos procedimientos.
