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Este martes se retiró forma voluntaria la demanda de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México contra el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, y sus socios.
A través de un comunicado la UIF señaló, que las partes han solicitado a la jueza del caso “conservar su jurisdicción para dictar una sentencia sólo si ésta surge del acuerdo que se haya alcanzado” y que no afectaría la sentencia contra García Luna, su esposa y empresas.
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También señala que la decisión se tomó para permitir que las partes continúen las negociaciones más allá del periodo formal de mediación, con el objetivo de concretar un acuerdo que permita al Estado mexicano recuperar bienes obtenidos a través de corrupción.
¿Qué sigue?
La jueza Lisa Walsh, del circuito judicial de Miami-Dade, Florida, autorizó que el diálogo continúe hasta después del 23 de mayo, fecha límite del periodo establecido originalmente para el juicio.
La UIF aclaró que si no se alcanza un acuerdo en los próximos 30 días, el Estado mexicano podrá volver a presentar la demanda ante la misma corte sin perder derechos procesales, según lo permite la ley de Florida.
El pasado 22 de mayo, la misma jueza Walsh dictó una sentencia por 2,488 millones de dólares en contra de García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por una red de corrupción vinculada a sobornos en contratos públicos durante su gestión (2006–2012).
García Luna, exfuncionario clave durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en Dallas en 2019 y declarado culpable en 2023 por tráfico de drogas, lavado de dinero y vínculos con un cártel de Sinaloa.
EFE
