Quito, 15 oct (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, reveló este miércoles que entre los siete detenidos esta semana durante la destrucción de una mina ilegal en la provincia andina de Imbabura, se encuentran miembros del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el ataque militar a la mina del sector de Buenos Aires, en el que se detuvo a cinco colombianos y dos ecuatorianas, “se encontró gente que pertenece al grupo disidente de Oliver Sinisterra, grupo colombiano que ha estado operando aquí dentro de esa minería ilegal”, dijo Reimberg.
El funcionario destacó la decisión del Gobierno, liderado por Daniel Noboa, de entrar donde “nunca nadie se había metido” y destruir la zona, “que estaba sirviendo a la economía criminal, no solamente a Oliver Sinisterra, sino a todos los grupos criminales del sector”.
Reimberg avanzó que investigan si los tres recientes atentados registrados en el país: el estallido de un auto bomba en Guayaquil el martes, y dos explosiones en dos puentes, uno en la provincias del Guayas (suroeste) y en la de Azuay (sur), este miércoles, están relacionados con represalias de los grupos criminales por la acción del Gobierno en Buenos Aires.
Comentó que aunque aún no hay detenidos por los mencionados atentados, tienen “varios indicios y una línea investigativa clara”.
Añadió que en la línea de investigación también figuran posibles represalias por las acciones de la fuerza pública ante las protestas indígenas focalizadas, que este miércoles cumplen 24 días, y que tienen a Imbabura como epicentro de las manifestaciones.
Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con el carácter de nacional, se han centrado en Imbabura y se han reportado bloqueos en una vía del norte de la de Pichincha, cuya capital es Quito, mientras en el resto del país, las actividades se desarrollan con normalidad.
Las protestas comenzaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero luego la Conaie pidió la reducción en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 %, y también incluyó el rechazo al referéndum del próximo 16 de noviembre, planteado por Noboa, para una posible instalación de una Asamblea Constituyente a fin de redactar una nueva Constitución.
La Conaie también exige la liberación de los detenidos en las protestas, entre ellos, los conocidos como “los 12 de Otavalo”, quienes son procesados por terrorismo tras haber sido capturados luego de un ataque a una estación de policía en esa ciudad de Imbabura, donde se quemaron diez vehículos.
El Gobierno se mantiene firme en su decisión sobre el diésel, decretara el pasado 12 de septiembre, así como en el IVA al 15 % definido el año pasado, y sobre los detenidos ha aclarado que es un asunto que no le compete al ser un tema de la función Judicial.
