Imagen vía EFE
El gobierno de Claudia Sheinbaum criticó este jueves el reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, al que acusó de carecer de “rigor jurídico” y presentar un enfoque “tendencioso” sobre la situación de desapariciones en México.
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación rechazaron las conclusiones del organismo internacional, señalando que el documento “omite los esfuerzos institucionales” implementados por la actual administración.
El informe del comité de la ONU posiciona a México como el país con más acciones urgentes por desaparición forzada a nivel global. De acuerdo con sus cifras, entre 2012 y febrero de 2026 se han registrado 819 casos, equivalentes al 38% del total mundial, además de un repunte reciente con 40 nuevas solicitudes entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
Señalan omisiones y sesgo
El gobierno mexicano sostuvo que el análisis del comité se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin considerar los cambios y acciones emprendidas en años recientes.
“Lamentamos que se haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, indicaron ambas dependencias.
Asimismo, calificaron el informe como “parcial y sesgado”, destacando que el propio documento reconoce que no existen indicios de una política sistemática del Estado mexicano para cometer desapariciones forzadas.
Las autoridades también señalaron un posible conflicto de interés entre algunos integrantes del comité, al afirmar que al menos uno de ellos habría colaborado previamente con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, subrayaron, al tiempo que reiteraron que la actual administración ha impulsado reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su compromiso para erradicar este problema y su disposición a colaborar con instancias internacionales, aunque dejó claro que no aceptará evaluaciones basadas en lo que considera premisas alejadas de la realidad actual del país.
