Imagen vía web Harvard University
El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó este viernes su enfrentamiento legal con la Universidad de Harvard, al presentar una demanda en la que acusa a la institución de ocultar información durante una investigación sobre su proceso de admisión.
Según el Gobierno, la universidad no ha entregado datos clave para determinar si sus políticas de admisión continúan considerando criterios de raza, en un contexto en el que la Administración de Donald Trump ha prohibido las políticas públicas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
La fiscal general Pam Bondi afirmó que Harvard “no ha revelado los datos que necesitamos para garantizar que sus admisiones están libres de discriminación” y aseguró que el Ejecutivo seguirá luchando para que “el mérito prevalezca sobre las políticas DEI en todo EE.UU.”.
El Departamento sostiene que Harvard:
- Ralentizó la entrega de documentación solicitada.
- Se negó a proporcionar datos relevantes sobre raza, origen étnico y criterios vinculados a diversidad, equidad e inclusión en las admisiones.
No obstante, el propio Gobierno aclaró que la demanda no acusa directamente a Harvard de discriminación racial, sino que busca obligarla a entregar los documentos relacionados con cualquier consideración de raza en sus procesos de admisión.
El conflicto entre la universidad y la Casa Blanca se remonta a febrero de 2025, cuando el Ejecutivo envió una carta formal exigiendo supervisión sobre admisiones, contratación e ideología en el campus.
Tras la negativa de Harvard, el Gobierno congeló más de 2,000 millones de dólares en fondos federales, argumentando que la institución mantenía políticas antisemitas. La universidad respondió con una demanda y una jueza federal suspendió el bloqueo de fondos.
Posteriormente, Trump intentó impedir la matriculación de estudiantes extranjeros y calificó a Harvard como “un peligro para la democracia”. Más recientemente, el mandatario exigió una indemnización de 1,000 millones de dólares por supuestos daños, luego de que The New York Times informara que el Gobierno habría retrocedido en el litigio.
El caso reaviva el debate nacional sobre la acción afirmativa, el alcance de las políticas DEI y la autonomía de las universidades frente al poder federal.
