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Tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Estados Unidos, Honduras enfrenta una potencial crisis que se prevé pueda afectar a 60 mil hondureños que residen en EU; las autoridades hondureñas reconocen que carecen de recursos, logística e institucionalidad para recibir a una posible deportación masiva.
Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), aseguró a EFE que “hay ausencia de institucionalidad para atenderlos con un trato de calidad y calidez” y advirtió que se harán recomendaciones para garantizar un enfoque de derechos humanos.
Los migrantes beneficiados por el TPS llegaron a EE. UU. tras el paso del huracán Mitch en 1998 y fueron favorecidos con el estatus en 1999. Muchos, especialmente adultos mayores con enfermedades graves, podrían enfrentar graves riesgos si son deportados, debido a la falta de servicios de salud adecuados en Honduras.
El canciller hondureño, Javier Bu, afirmó que el Gobierno ha mantenido contacto con la Comunidad TPS a través de los 19 consulados del país, brindando apoyo y seguimiento a la demanda presentada contra la Administración Trump. Sin embargo, organizaciones como la Fundación 15 de Septiembre critican la gestión del Gobierno de Xiomara Castro en relación con los migrantes y señalan que decisiones políticas recientes podrían complicar las negociaciones con Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que Honduras ya no cumple los criterios para la designación del TPS, argumentando que las condiciones en el país permiten el retorno de sus ciudadanos. Los migrantes, sin embargo, aseguran que las condiciones han empeorado, mientras que en EE. UU. más de 1,5 millones de hondureños contribuyen significativamente a la economía del país con remesas familiares, que en 2024 representaron cerca del 25 % del PIB hondureño.
EFE
