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Una jueza federal en Boston se pronunció en contra de la Administración del presidente Trump por enviar “cartas amenazantes” a los estados que adelantaron el pago completo de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre del Gobierno.
La magistrada consideró que los estados “actuaron de manera razonable” al asegurar los fondos para millones de familias y decidió suspender temporalmente la directiva del Departamento de Agricultura (USDA) que ordenaba revertir los pagos. La medida fue presentada por gobernadores y fiscales generales demócratas, quienes buscan proteger los beneficios alimentarios de millones de estadounidenses afectados por la paralización del gobierno federal.
El conflicto surgió cuando un juez federal en Rhode Island ordenó garantizar el pago completo de los beneficios de noviembre, lo que llevó a varios estados a seguir el fallo. Sin embargo, la administración Trump intentó revertirlo, advirtiendo que los gobiernos estatales serían responsables financieramente por cualquier “sobreemisión”.
La decisión judicial permitirá mantener los beneficios mientras se resuelven los litigios, aliviando la presión sobre millones de personas que dependen del SNAP. Analistas sostienen que el fallo podría sentar un precedente sobre los límites del poder federal en la gestión de programas sociales durante cierres prolongados del gobierno.
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