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Una jueza federal ordenó este viernes al gobierno de Donald Trump detener las redadas migratorias en el sur de California que, según denuncias, se realizan con base en perfil racial. La magistrada Maame Frimpong determinó que los arrestos indiscriminados violan derechos constitucionales y prohibió además restringir el acceso de abogados a migrantes detenidos en el centro de detención B-18, en el centro de Los Ángeles.
La decisión se produce tras una demanda presentada por afectados y organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU del Sur de California. En la querella se acusa a agentes de inmigración de realizar arrestos arbitrarios basados en el color de piel, idioma, tipo de empleo o la simple presencia en lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o campos agrícolas.
La orden judicial establece que los agentes solo podrán realizar detenciones si existe una sospecha razonable, y exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permitir acceso legal durante toda la semana, incluidos fines de semana y feriados.
El DHS calificó las acusaciones como “repugnantes y falsas”, mientras que la ACLU celebró el fallo como una “victoria para los derechos civiles”.
La medida llega tras semanas de tensión en Los Ángeles, donde las redadas provocaron protestas, enfrentamientos con autoridades y denuncias de uso excesivo de la fuerza. Videos virales muestran a agentes encapuchados irrumpiendo en negocios y llevándose trabajadores a la fuerza.
“Todos tienen derechos, sin importar su color de piel o el idioma que hablen”, afirmó el abogado Mohammad Tajsar tras conocerse la resolución judicial.
EFE
