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El veto del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, al proyecto de ley HB 10 fue anulado por la Cámara de Representantes estatal, con 72 votos a favor y 44 en contra.
Ahora, la decisión pasa al Senado, donde se espera una votación crucial. La HB 10 aborda dos temas polémicos: la colaboración obligatoria de alguaciles locales con el ICE y la asignación de fondos para becas escolares privadas.
Cambios para los alguaciles y las comunidades inmigrantes
De aprobarse, la ley requerirá que los alguaciles detengan por 48 horas a personas arrestadas sospechosas de estar en el país sin documentos, permitiendo a ICE intervenir. Mientras los republicanos defienden esta medida como necesaria para la seguridad, defensores de los inmigrantes, como El Centro Hispano, advierten que esto podría generar un impacto devastador en las comunidades latinas y abrir la puerta a posibles demandas por violar la Decimocuarta Enmienda.
Fondos para Becas de Oportunidad
El proyecto también destina 463 millones de dólares a becas escolares privadas, lo que ha generado críticas de quienes consideran que estos recursos deberían priorizar necesidades urgentes, como la recuperación tras el huracán Helene en el oeste del estado. El gobernador Cooper calificó la medida como un desvío de fondos hacia familias adineradas, poniendo en peligro la educación pública.
Protestas y división política
Grupos comunitarios como Mujeres Liderando y El Colectivo NC organizaron vigilias para protestar contra la HB 10, señalando que fomenta un trato injusto a los inmigrantes y debilita las protecciones constitucionales. Por otro lado, la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte apoya la propuesta, argumentando que evita trámites burocráticos innecesarios para los oficiales.
La votación del Senado será un momento clave para determinar el futuro de esta controvertida legislación, que afecta tanto a las comunidades inmigrantes como al sistema educativo estatal.