Activistas y migrantes alertan sobre las consecuencias de las posibles deportaciones masivas que podría llevar a cabo el futuro gobierno de Donald Trump, así como las restricciones a las visas temporales no agrícolas, un cambio impulsado por la administración Biden.
Estos movimientos podrían tener un impacto significativo tanto en la economía de Estados Unidos, específicamente en la inflación, como en la dinámica migratoria en la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó la semana pasada que se añadirán más de 64,000 visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas durante el año fiscal 2025, lo que representa un aumento a los 66,000 permisos anuales que ya se autorizaron.
Esta medida busca responder a la creciente demanda de mano de obra en sectores clave como la construcción, la hostelería, la jardinería y el procesamiento de alimentos, industrias que dependen de trabajadores temporales para cubrir picos estacionales.
Sin embargo, fuentes estadounidenses reportan que la expansión del programa H-2B podría verse amenazada bajo la presidencia de Trump, quien ya ha señalado su intención de utilizar al Ejército para llevar a cabo deportaciones masivas.
Además, ha revelado su propuesta de restringir aún más las visas H-2, algo que ha sido defendido por algunos de los funcionarios que participaron en la redacción del ‘Proyecto 2025’. Este plan propone medidas restrictivas para frenar la inmigración laboral temporal.
Esta situación contrasta con la postura del gobierno de Joe Biden, que parece estar buscando una aproximación similar a la de los años 40, cuando Estados Unidos implementó el Programa Bracero para permitir la entrada de trabajadores mexicanos temporales.
Según Emilio Alberto López, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, esta nueva política busca enfrentar la crisis económica interna, especialmente la inflación, al permitir el ingreso de trabajadores temporales, aunque se limitan a trabajos estacionales.
Nacionalidades impactadas
Los cambios en las políticas migratorias y la expansión de las visas H-2B afectan principalmente a trabajadores de países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que históricamente han sido los principales beneficiarios de estos permisos.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de estas visas genera preocupación entre los migrantes, quienes dependen de estas oportunidades para trabajar en sectores esenciales de la economía estadounidense.
La posible restricción de las visas temporales y las deportaciones masivas anunciadas por Trump podrían alterar la relación laboral entre Estados Unidos y América Latina, afectando tanto la migración como la economía, especialmente en tiempos de inflación. La evolución de estas políticas será crucial para las comunidades migrantes y para la estabilidad económica de la región.
