Imagen vía Facebook Los Alegres del Barranco
Los Alegres del Barranco enfrentarán proceso penal tras la proyección de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en marzo en el Auditorio Telmex de Zapopan. El juez de Jalisco también imputó al manager y promotor de la agrupación a proceso penal.
La audiencia, celebrada este lunes 12 de mayo en el Penal de Puente Grande, determinó que los seis imputados podrán continuar su proceso en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen:
- Comparecencias semanales ante el tribunal
- Una garantía económica de 300 mil pesos mexicanos por persona
- Permanencia obligatoria en el estado de Jalisco, con permiso para solo tres presentaciones fuera del estado previamente autorizadas
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El caso ha generado gran polémica, ya que es la primera vez que un grupo del género regional mexicano es formalmente acusado por enaltecimiento de actividades delictivas, según la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Durante el show del 29 de marzo, mientras interpretaban el tema “El del Palenque”, se proyectaron imágenes del líder criminal, que detonó la investigación y llevó incluso a la revocación de las visas estadounidenses de trabajo y turismo para los miembros del grupo, como anunció el 1 de abril el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
Amparo en Michoacán y más investigaciones
Además del caso en Jalisco, la Fiscalía informó que Los Alegres del Barranco están siendo investigados por cuatro conciertos más en distintos municipios del estado, en los que presuntamente promovieron actividades delictivas.
El mismo 9 de mayo, el grupo obtuvo un amparo federal para interpretar narcocorridos en Michoacán, a pesar de un decreto estatal que prohíbe expresiones que glorifiquen al crimen organizado. Este fallo solo aplica al grupo por haber presentado la demanda. La próxima audiencia sobre el amparo se llevará a cabo el 15 de mayo.
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Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que presentará una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y tipificar como delito penal la apología del delito.
Hasta ahora, diez de los 32 estados mexicanos han impuesto restricciones similares a los narcocorridos, aunque no existe una legislación federal que los prohíba de manera uniforme.
