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Este domingo se cumplió un mes desde que comenzaron las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump en el área metropolitana de Los Ángeles, marcando una de las ofensivas más severas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en décadas. Desde el 6 de junio, agentes federales, en muchos casos sin identificación visible y fuertemente armados, han ejecutado operativos en lugares públicos como paradas de autobús y estacionamientos. Entre el 6 y el 22 de junio se reportaron 1,618 arrestos en la región, aunque se desconoce la cifra actual.
Un barrio unido
A pesar del miedo y la incertidumbre, comunidades como la del mexicano Pedro Gutiérrez han respondido con organización y resistencia. “He aprendido sobre mis derechos y los videos de la gente enfrentando a la migra le dan a uno fuerza”, dijo. La ciudad de Los Ángeles, junto con su alcaldesa Karen Bass, el gobernador Gavin Newsom y el senador Alex Padilla —quien fue empujado y esposado al cuestionar al DHS—, se ha convertido en símbolo de resistencia. La respuesta ciudadana ha complicado los operativos, a pesar del envío de 5,000 soldados federales tras algunos disturbios aislados.
Demandas legales y presión política
Organizaciones como CHIRLA, la ACLU y Public Counsel han llevado el conflicto a los tribunales. La demanda busca declarar inconstitucionales las tácticas de ICE, frenar las redadas y garantizar acceso a abogados. También se acusa a los agentes de utilizar perfiles raciales. Además, el gobierno de Trump enfrenta una demanda por un millón de dólares interpuesta por un ciudadano estadounidense detenido por error.
El impacto humano
Jorge Mario Cabrera, vocero de CHIRLA, subraya que el daño no debe medirse solo en cifras. “Es importante mirar a los ojos a las familias afectadas y darles respuestas”, afirmó. Mientras tanto, Los Ángeles sigue resistiendo, símbolo de lucha en medio de una crisis humanitaria.
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