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México anunció este lunes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) investigará a las escuelas que ofrecen educación de tipo militarizada para menores de edad, al señalar que esta modalidad no está autorizada por la legislación mexicana.
La decisión se produce después de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció en una academia de este tipo en Tamaulipas, donde llevaba apenas tres días.
El caso se conoció públicamente el pasado 16 de julio. De acuerdo con la versión difundida por la institución, la menor se desvaneció mientras se bañaba y posteriormente murió.
Sin embargo, la madre de Dafne denunció que su hija habría sido víctima de tortura y aseguró que permaneció sometida a castigos durante varios días. A su testimonio se sumaron acusaciones de exalumnos sobre presuntas prácticas y castigos extremos dentro de la academia.
Las investigaciones de las autoridades derivaron en la detención del director de la institución y de otras dos mujeres presuntamente relacionadas con los hechos. La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas las indagatorias para determinar las circunstancias exactas de la muerte de la adolescente.
Ante el caso, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que la dependencia envió una circular a las autoridades educativas de los 32 estados para recordar que las instituciones de educación militarizada para menores no cuentan con autorización legal y ordenar la revisión de los permisos de operación otorgados.
“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada, ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, afirmó Delgado durante la conferencia de prensa matutina.
El funcionario señaló que el entrenamiento de carácter militar dirigido a niños y adolescentes es incompatible con la Constitución y con el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que debe regir la educación básica en México.
La SEP también busca establecer comunicación directa con la madre de Dafne para ofrecerle apoyo institucional, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Gobierno mexicano reiteró que la Ley General de Educación establece medidas de protección para niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de maltrato o violencia dentro del sistema educativo.
La investigación de las autoridades estatales y la revisión anunciada por la SEP buscan determinar responsabilidades en el caso y verificar si existen otros centros que operen bajo esquemas similares sin autorización.
