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Un nuevo informe advierte que una política de deportaciones masivas, como la que propone el expresidente Donald Trump, tendría consecuencias económicas, sociales y humanitarias significativas para el estado de Nueva Jersey.
De acuerdo con el estudio “Los impactos económicos y fiscales de la deportación masiva: ¿Qué está en riesgo en Nueva Jersey?”, alrededor de 475 mil inmigrantes indocumentados residen en el estado y, en 2022, pagaron aproximadamente 1,300 millones de dólares en impuestos locales y estatales.
El documento destaca que deportar incluso al 10% de esta población significaría una pérdida de 133 millones de dólares anuales en ingresos fiscales. Esa cifra equivale, por ejemplo, al financiamiento de 295 mil comidas escolares gratuitas en escuelas públicas del estado.
De igual manera el informe asegura que Nueva Jersey podría enfrentar pérdidas significativas a medida que la Administración Trump revoca el estatus temporal para los inmigrantes y altera drásticamente las políticas de asilo. El documento también señala que estos cambios amenazan con desestabilizar a las comunidades, reducir la fuerza laboral y debilitar sectores clave de la economía del estado.
Sectores clave en riesgo
Además del impacto fiscal, el informe advierte que la eliminación del estatus migratorio temporal y los cambios en las políticas de asilo podrían desestabilizar comunidades, reducir la fuerza laboral y debilitar sectores económicos clave.
Entre los más vulnerables está la industria de los restaurantes, donde el 48% de los cocineros son inmigrantes, y la construcción, que emplea a 112 mil trabajadores sin estatus legal, es decir, el 36% de su fuerza laboral.
En el sector agrícola, más de la mitad de los trabajadores son indocumentados o con visas temporales. Una reducción del 5 al 10% en este sector podría generar escasez de alimentos, incremento de precios y altos costos laborales para los agricultores.
Regularizar es más rentable
El informe también plantea que una regularización migratoria de los trabajadores indocumentados podría aumentar los ingresos fiscales estatales y locales en 332.5 millones de dólares.
Finalmente, recomienda reformar los programas de visas laborales, que actualmente exponen a muchos trabajadores a condiciones de explotación y perjudican el mercado laboral local.
EFE
