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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, vetó este martes la cooperación entre la policía local y ICE en casos migratorios civiles con el fin de que los agentes no sean utilizados por el Gobierno de Donald Trump para «alcanzar sus cuotas» de deportaciones.
La medida, denominada “Policía local, crímenes locales”, establece que las autoridades locales podrán colaborar con ICE cuando exista un delito, pero no para ejecutar acciones migratorias civiles.
La gobernadora demócrata defendió la entrada en vigor de la ley y afirmó que los cuerpos policiales deben concentrarse en atender delitos y proteger a las comunidades, en lugar de participar en operativos migratorios y criticó la posibilidad de que los agentes sean enviados a lugares como escuelas, iglesias o establecimientos comerciales para colaborar con las autoridades federales.
El jefe de Policía de Albany, Brendan Cox, respaldó la postura de Hochul y advirtió que involucrar a las fuerzas locales en tareas migratorias puede afectar la confianza de los residentes.
“Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan”, afirmó Cox, quien aseguró que el departamento nunca se había dedicado a investigar casos migratorios civiles durante su carrera policial.
La legislación también limita la utilización de los acuerdos federales conocidos como 287(g), mediante los cuales agencias policiales locales pueden colaborar con autoridades migratorias federales.
Hochul aseguró que 60 de los 62 condados de Nueva York ya cumplen en la práctica con las disposiciones de la nueva ley. Sin embargo, el condado de Nassau se mantiene entre las excepciones.
Tras la entrada en vigor de la norma, un grupo de 15 alguaciles presentó una demanda contra el estado para impugnarla. La gobernadora y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificaron el recurso como un gasto innecesario de dinero público.
Ambas funcionarias señalaron que los tribunales ya rechazaron anteriormente una solicitud para bloquear la ley y expresaron su confianza en que vuelva a mantenerse vigente.
La disputa se suma a las tensiones entre Nueva York y la Administración Trump por las políticas migratorias federales, particularmente por el papel que deben desempeñar las autoridades locales en las operaciones de ICE.
