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El estado de Nuevo México, ubicado en la frontera sur de Estados Unidos, aprobó este jueves una ley que prohíbe la operación de centros de detención para migrantes en su territorio, en un movimiento que marca distancia frente a la política migratoria impulsada por el Gobierno federal.
La nueva legislación impide que cualquier entidad gubernamental que reciba fondos públicos firme acuerdos para encarcelar a personas acusadas de violar la ley migratoria, considerada una falta civil, y ordena la cancelación de los contratos actualmente vigentes. Asimismo, prohíbe a policías estatales y alguaciles suscribir convenios de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una práctica promovida por la Administración de Donald Trump para ampliar las detenciones.
Actualmente, Nuevo México alberga tres centros de detención migratoria con capacidad para unas 3.000 personas. Organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la medida y la calificaron como un avance frente a políticas que consideran “crueles”. Carla Law, de la ACLU de Nuevo México, afirmó que la ley representa una victoria para las familias migrantes que durante años han exigido poner fin a la participación del estado en la detención y deportación masivas.
La decisión contrasta con el impulso federal para expandir la red de centros de detención. De acuerdo con reportes recientes, la Administración Trump busca habilitar nuevas instalaciones a gran escala, en un contexto en el que las detenciones migratorias han alcanzado niveles récord y se han registrado decenas de muertes bajo custodia del ICE.
EFE
