La Paz, 1 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia informó este viernes sobre la detención de 66 personas durante el operativo policial y militar ejecutado en esta jornada para levantar una parte de los bloqueos de carreteras que desde hace 19 días cumplen los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) en el centro del país.
“Hoy (viernes) la Policía Boliviana ha logrado la aprehensión de 66 personas cometiendo una serie de delitos en flagrancia en contra de la vida de los efectivos del orden de la Policía y las Fuerzas Armadas y generando caos y terror por más de 19 días”, dijo a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
Del total de detenidos, 55 personas fueron trasladadas en esta misma jornada a La Paz “porque conforme a la normativa legal vigente, los delitos de terrorismo deben ser investigados aquí, en la sede de Gobierno”, explicó.
Estas personas también serán investigadas por otros delitos como alzamiento armado, tráfico de armas, tenencia o porte ilícito de armas, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro, agregó.
Del Castillo señaló que el plan para desbloquear la carretera que va desde la región central de Cochabamba hacia el occidente del país requirió la movilización de más de 3.000 policías que tuvieron apoyo de militares y lamentó que 21 agentes hayan resultado heridos.
El ministro aseguró que se cumplió la primera fase de este plan, “pero la misión no ha sido alcanzada” porque Cochabamba “sigue secuestrada” por los persistentes bloqueos en las rutas hacia el oriente del país.
Morales pidió en la tarde a sus seguidores que consideren hacer una pausa en los bloqueos para evitar “hechos de sangre” ante el avance del operativo policial y militar.
También se declaró en huelga de hambre en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro de Bolivia, para forzar al Gobierno a dialogar sobre las demandas políticas y económicas de sus sectores leales y pidió que esa negociación participen organismos internacionales “o países amigos”.
No obstante, sus sectores afines decidieron mantener la medida de presión y destacaron su decisión de iniciar una huelga de hambre ante lo que consideraron una “brutalidad del Gobierno de Luis Arce”.
El desbloqueo avanzó en medio de un intercambio de gases lacrimógenos lanzados por los agentes y dinamitazos y pedradas por parte de los manifestantes.
Pronunciamiento presidencial
El presidente Arce manifestó en sus redes sociales que “no es posible ningún diálogo mientras se siga asfixiando la economía de las familias bolivianas y se vulnere el derecho al acceso de alimentos, combustible y medicamentos” con los bloqueos de rutas.
El mandatario sostuvo que en esta jornada se dio “un primer paso” con el desbloqueo de la carretera hacia el occidente boliviano y aseguró que continuarán “trabajando hasta liberar” a Cochabamba “del secuestro al que está sometido”.
También expresó su “solidaridad” con los policías heridos durante el operativo, con los militares que están retenidos como “rehenes” en tres unidades militares tomadas por sectores leales a Morales en el Trópico de Cochabamba y “con los periodistas que sufrieron violencia en esta jornada”.
“Nuevamente, exhortamos a que se levanten todos los puntos de bloqueo”, agregó.
El líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) está atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde hace 19 días ante la posibilidad de que emitan una orden de captura en su contra por los procesos de trata de personas y estupro.
Sus seguidores exigen con los bloqueos de vías que se retiren los procesos judiciales contra Morales, se resuelvan los problemas económicos y también en defensa de la candidatura presidencial del político para los comicios de 2025.
Las autoridades han señalado que las pérdidas económicas superan los 1.700 millones de dólares y que se agravaron los problemas de desabastecimiento de combustibles e inflación por los bloqueos.
Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la directiva nacional del MAS y elegir al candidato oficialista para las elecciones de 2025.
