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Aunque el flujo migratorio ha disminuido en los últimos meses, la Guardia Nacional de Texas continúa instalando barricadas de púas en el borde del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha generado alarma entre activistas y defensores de derechos humanos.
Estas acciones responden a una orden del expresidente Donald Trump, que declaró la línea divisoria como zona militar. Desde entonces, organizaciones mexicanas han advertido que la creciente presencia militar pone en riesgo a los migrantes, quienes ahora enfrentan condiciones más peligrosas para cruzar.
El pastor Juan Fierro García, director del albergue Buen Samaritano en Ciudad Juárez, afirmó que esta militarización obliga a muchos a recurrir a traficantes de personas, lo que los expone a riesgos mayores. “Buscan cruzar con ‘coyotes’, sin saber las leyes que están violando, y podrían enfrentar condenas sin comprender su situación legal”, advirtió.
Fierro también alertó que estas medidas están generando desplazamientos hacia otras zonas fronterizas, lo que podría expandir el problema y fortalecer las redes de tráfico humano. “Cada frontera tiene sus retos, y esto complica aún más la situación en México”, dijo.
México, por su parte, ha desplegado a más de 10.000 agentes de su Guardia Nacional en la frontera norte como parte de un acuerdo con Trump para frenar el tráfico de migrantes y drogas, mientras que en el sur se refuerzan los operativos para detener a personas sin documentos.
EFE
