Buenos Aires, 22 ago (EFE).- La justicia argentina ordenó este viernes la prohibición de salida del país para el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, y otros cuatro imputados en la causa que investiga presuntos sobornos a partir de filtraciones de audios atribuidos a Spagnuolo, según confirmaron fuentes judiciales a EFE.
La restricción alcanza también a los tres hermanos propietarios de la droguería Suizo Argentina (Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker), y a otro exfuncionario imputado Daniel Garbellini.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, luego de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizara una quincena de allanamientos en domicilios particulares, la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y la sede de la Andis.
El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente a Spagnuolo, entonces titular de la Andis, detallar un esquema de recaudación de sobornos.
En las grabaciones se escucha a quien sería Spagnuolo dar cuenta de la existencia de una red de recaudación ilegal de dinero con conocimiento del presidente argentino, Javier Milei.
La voz afirma haberle advertido a Milei de estos hechos, en los que involucra presuntamente a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Eduardo ‘Lule’ Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Denuncia judicial
La difusión de los audios motivaron ese mismo día una denuncia penal por corrupción contra Javier y Karina Milei, Spagnuolo y Menem, entre otros, que fue radicada por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.
La denuncia también alcanza a Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, una empresa comercializadora de medicamentos que, según la denuncia, actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.
Ante la Justicia, Dalbón señaló la existencia de “un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.
