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Desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, inmigrantes sin antecedentes criminales han sido afectados por las redadas y deportaciones, lo que ha sido denominado por los mismos agentes migratorios como “daño colateral”.
A pesar de que la prioridad del gobierno estadounidense es deportar a criminales, los operativos realizados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza han detenido a muchas personas simplemente por encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Según Christopher Harris, exdirector del sindicato de la Patrulla Fronteriza, los agentes han comenzado a arrestar a inmigrantes sin historial delictivo en operativos que buscan a personas con antecedentes penales. Harris destacó que las administraciones anteriores se habían enfocado en deportar solo a aquellos con un récord criminal, pero el presidente Trump rompió con esta tradición desde su primer día en el cargo al firmar una orden ejecutiva que amplió las deportaciones.
Tom Homan, responsable de la frontera, advirtió que cualquier inmigrante indocumentado debe temer ser arrestado en cualquier momento, sin importar su historial criminal. Además, durante las primeras redadas se han reportado casos en los que incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos, como el caso de un veterano puertorriqueño del ejército, arrestado en Newark, Nueva Jersey.
Las cifras publicadas por ICE indican que entre 200 y 1.100 arrestos diarios han tenido lugar desde el inicio del mandato de Trump. Activistas, como Isabel García, directora de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, han denunciado estas acciones como una violación de derechos humanos, calificando las detenciones de “secuestros” y criticando la separación de familias.
Las redadas han sembrado el miedo en comunidades latinas, especialmente en ciudades como Tucson, donde la Patrulla Fronteriza ha intensificado sus operativos, deteniendo personas que trabajan arduamente para mejorar la vida de sus familias.
