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La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe por completo el uso, producción y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. Con 324 votos a favor y 129 en contra, el dictamen —impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum— modifica la Ley General de Salud para establecer penas de uno a ocho años de prisión para quienes vendan estos dispositivos.
Además, se fijan multas que van de 100 a 2.000 UMA, equivalentes a entre 11.314 y 226.280 pesos, por participar en la venta o distribución de estos productos.
¿En qué consiste la ley?
La iniciativa prohíbe a nivel nacional la adquisición, fabricación, importación, exportación, almacenamiento, transporte y venta de vapeadores, así como cualquier acto de publicidad o promoción. También define estos dispositivos como sistemas mecánicos o electrónicos capaces de calentar o vaporizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, destinadas a ser inhaladas.
El dictamen reconoce el vapeo como una amenaza para la salud pública, lo que permitirá implementar políticas preventivas orientadas a reducir su consumo, proteger a grupos vulnerables y reforzar la gestión de riesgos sanitarios.
Críticas de la oposición
Durante el debate, legisladores opositores denunciaron que la prohibición total fomentará el mercado negro. La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la falta de regulación fortalecerá al crimen organizado y acusó a integrantes del oficialismo de incoherencia por ser consumidores de vapeadores.
Organizaciones civiles y especialistas también han advertido sobre el crecimiento de los mercados ilegales derivado de políticas prohibitivas.
EFE
