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Claudia Sheinbaum negó este martes que haya una persecución política contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sostuvo que se trata de una investigación por presuntos delitos de contrabando de combustible.
Durante la mañanera, la mandataria respondió a los pronunciamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), quienes expresaron su preocupación por la detención del exmandatario estatal y la atribuyeron a un supuesto deterioro del Estado de derecho en México.
«Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República (FGR). Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal», afirmó la gobernante mexicana.
La presidenta señaló que las acusaciones están relacionadas con presuntos delitos fiscales y en materia de hidrocarburos derivados de una operación que, según las investigaciones, habría ocurrido durante varios años. Además, defendió las actuaciones de la FGR y afirmó que existen elementos suficientes para que un juez autorizara la orden de aprehensión contra Ruffo Appel.
La Fiscalía informó que el pasado 23 de julio un juez federal vinculó a proceso al exgobernador y a otras siete personas por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
Según la FGR, la investigación comenzó después del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila. Posteriormente, las autoridades habrían identificado una estructura dedicada a importar combustible por ferrocarril, declarando ante las autoridades únicamente el 10% del contenido real.
La Fiscalía negó que el proceso contra Ruffo Appel tenga motivaciones políticas y sostuvo que el exgobernador habría participado presuntamente en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Antes de su detención, Ruffo Appel negó haber cometido irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades. Dirigentes de oposición, en cambio, han cuestionado el procedimiento y lo han calificado como un acto de persecución política.
Mientras continúan las investigaciones, el Gobierno de Sheinbaum insiste en que el caso corresponde a un proceso penal y no a una acción política contra el exgobernador.
EFE
