Imagen vía Storyblocks
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha suspendido de momento la fecha de publicación sobre el fallo a la mayoría de los aranceles implementados por Donald Trump, después de estimarse que la corte podía pronunciarse esta misma semana.
El máximo tribunal tenía previsto emitir su decisión este jueves, pero finalmente no publicó el fallo ni un nuevo calendario de “días de opinión”, que son las fechas en las que anuncia oficialmente sus veredictos. Aunque el miércoles sí hubo resoluciones, ninguna estuvo relacionada con el caso de los aranceles.
Tras la expectativa generalizada, incluida la del propio Trump, de que el Supremo se pronunciara en estos días, el fallo queda ahora sin fecha definida (“sine die”), al menos en el corto plazo.
El tribunal tiene técnicamente hasta finales de junio o principios de julio para emitir su veredicto, luego de haber escuchado los argumentos en noviembre. Sin embargo, se esperaba una decisión mucho antes, ya que el Gobierno llevó el caso por la vía rápida.
Este mismo miércoles, Trump declaró que sería “muy decepcionante” que el Supremo considere ilegal la imposición de gran parte de los aranceles que activó el año pasado bajo el amparo de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, base legal de su guerra comercial.
En agosto pasado, tras una demanda presentada por dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal dictaminó que Trump no tenía autoridad para usar esa ley de emergencia con el fin de imponer los llamados “aranceles recíprocos”.
Estos aranceles oscilan entre el 10%, para Reino Unido y la mayoría de los países de Latinoamérica, y del 50% para países como Lesoto.
El tribunal también consideró ilegal el uso de esa norma para imponer el gravamen del 25% a productos de Canadá, China y México, justificado por Washington como medida de presión por el tráfico de fentanilo hacia EE.UU.
Pese a ese fallo, la corte de apelaciones evitó suspender la aplicación de los aranceles, para permitir que el Gobierno federal llevara el caso ante el Tribunal Supremo, donde ahora se encuentra en revisión.
