Imagen vía EFE
De las más de 140 personas detenidas en una redada masiva realizada en San Antonio, Texas, el 16 de noviembre, solo 25 tenían antecedentes penales, según confirmó la oficina local del FBI en su primer informe detallado.
Los arrestos ocurrieron alrededor de las 3 a.m. en un lote con puestos de comida donde, de acuerdo con las autoridades, también operaba un local de fiestas clandestinas. La mayoría de los detenidos fueron personas migrantes: 98 venezolanos, 21 hondureños, 14 mexicanos y otros originarios de Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú, Guatemala y El Salvador.
El FBI aseguró que al menos 50 de los detenidos serían miembros “confirmados” del Tren de Aragua, aunque no presentó evidencias adicionales que respaldaran esa afirmación. En total, solo 25 personas tenían antecedentes: 13 por delitos federales y 12 por faltas menores.
La redada es uno de los operativos más amplios del Gobierno de Donald Trump en Texas, en medio de denuncias de organizaciones como Human Rights Watch, que señalan abusos, arrestos indiscriminados y un “patrón” de vincular a migrantes venezolanos con el Tren de Aragua sin pruebas.
El congresista Joaquín Castro reclamó una “inaceptable falta de transparencia” y publicó la orden de registro que justificó el operativo: una investigación del DPS basada en un testigo confidencial que aseguró que en el local se vendía cocaína y acudían supuestos miembros del Tren de Aragua.
Organizaciones como American Gateways advierten que estas redadas generan miedo en la comunidad latina y han acompañado a familias de jóvenes detenidos que ahora están en distintos centros migratorios del estado.
El caso revive cuestionamientos hacia la estrategia federal que, en meses recientes, ha llevado incluso a enviar migrantes sin antecedentes o pruebas de vínculos criminales a centros de máxima seguridad en El Salvador o a la base de Guantánamo.
