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Un Tribunal de Apelaciones autorizó este martes al gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos, una medida que amplía significativamente las facultades de las autoridades migratorias para expulsar a inmigrantes sin que sus casos sean revisados por un juez.
La decisión fue adoptada por dos votos contra uno por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, cuyos magistrados concluyeron que la ampliación de este procedimiento no vulnera los derechos constitucionales de los inmigrantes afectados.
La política, conocida como “expulsión acelerada”, había sido utilizada principalmente para personas detenidas poco después de cruzar la frontera de manera irregular. Sin embargo, al regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato, Trump ordenó extenderla a cualquier extranjero que no pueda demostrar que ha permanecido en Estados Unidos durante al menos dos años continuos.
Con esta medida, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrán ejecutar deportaciones rápidas incluso en ciudades alejadas de la frontera, sin necesidad de que los inmigrantes comparezcan ante un juez de inmigración.
El juez Justin R. Walker, designado por Trump, redactó la opinión mayoritaria respaldada por la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario republicano. Walker argumentó que la directriz presidencial no es ilegal y sostuvo que la política no priva a los extranjeros de una oportunidad significativa para presentar su situación.
La resolución responde a una demanda impulsada por la organización Make the Road New York, respaldada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), que alegó que la expansión de las deportaciones aceleradas viola las garantías de debido proceso contempladas en la Constitución.
No obstante, el juez Robert L. Wilkins, nombrado durante la administración de Barack Obama, emitió un voto disidente, en el que advierte que las autoridades migratorias han deportado a personas que llevaban más de dos años viviendo en el país, lo que pondría en duda la correcta aplicación de la política.
Tras conocerse el fallo, la ACLU señaló que evalúa nuevas acciones legales para intentar frenar la medida. Anand Balakrishnan, abogado principal de la organización, aseguró que la expansión de las deportaciones aceleradas crea un sistema “injusto y propenso a errores”, además de debilitar el principio fundamental del debido proceso.
La decisión judicial representa un nuevo respaldo a la estrategia migratoria de Trump, quien desde el inicio de su segundo mandato ha impulsado medidas más estrictas para reforzar el control migratorio y acelerar las expulsiones de personas que se encuentran en el país sin autorización legal.
EFE
