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Este jueves, defensores de migrantes hicieron un llamado a funcionarios electos para intervenir a favor de Sofía, una menor de cuatro años mexicana que recibe tratamiento vital en Estados Unidos que podría ser deportada junto a su familia.
De acuerdo con los abogados de la organización Public Counsel, Sofía sufre del síndrome del intestino corto, una afección potencialmente mortal que impide que su cuerpo absorba suficientes nutrientes, que no pudo ser tratado con éxito en México.
Ella y su familia ingresaron a Estados Unidos en julio de 2023 después de obtener un permiso de entrada humanitaria de emergencia para que ella recibiera el tratamiento médico en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos en el país que trata esta afección en niños pequeños.
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Sin embargo, en abril el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó a sus padres que el permiso había sido revocado y debían abandonar el país. De igual manera se le notificó a la madre de la pequeña, Deysi Vargas, la cancelación de su permiso de trabajo, dejándolos sin medios para pagar las cuentas de hospital y los traslados desde Bakersfield hasta Los Ángeles.
Rebecca Brown, abogada de la familia y del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, declró en un comunicado que es una traición a las palabras de la nación quitarle la atención médica que le salvó la vida y obligarla a regresar a un lugar donde podría morir en cuestión de días al no poder recibir la atención que necesita en México.
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Los médicos del Hospital Infantil de Los Ángeles han declarado que Sofía moriría en cuestión de días sin su tratamiento actual.
Public Counsel se ha puesto en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), miembros del Congreso y legisladores locales con la esperanza de que Sofía siga con vida y en Estados Unidos.
Brown destacó que los inmigrantes vienen a este país por razones “reales”, una crítica a la posición de la Casa Blanca de que la mayoría de personas que llegaron por la frontera sur de EE.UU. en los últimos cuatro años no tienen casos válidos.
“El caso de Sofía es un claro recordatorio de que debemos considerar la situación de cada persona individualmente, a menos que, como nación, nos sintamos cómodos condenando a nuestros semejantes a muerte y tortura dejando las decisiones en manos de procesos burocráticos indiferentes”, sentenció Brown.
EFE
