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Este lunes el mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró en una entrevista telefónica con NBC News que Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, está “cooperando” con las autoridades estadounidenses.
Trump afirmó que Venezuela necesita ayuda y tiene la sensación de que Rodríguez ama a su país y quiere que este sobreviva. Agregó que no hubo contacto con la presidenta interina previo a la operación militar que llevó a la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.
El mandatario estadounidense anunció además que el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el asesor presidencial Stephen Miller encabezarán la coordinación del proceso de transición política en Venezuela, lo que refuerza la participación directa de Washington en el nuevo escenario del país sudamericano.
Según Trump, este equipo estará al frente del proceso tras los acontecimientos recientes que culminaron con la detención de Maduro y de la diputada Cilia Flores durante un operativo militar ejecutado en Caracas y otras regiones del país.
El presidente reiteró que Delcy Rodríguez, juró hoy su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses, aunque no precisó los términos ni el alcance de dicha cooperación.
La Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como su principal interlocutora en Caracas incluso antes de su juramentación, por delante de la líder opositora María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial que la oposición considera presidente electo tras los comicios de 2024.
Este mismo lunes, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcotráfico, conspiración y corrupción. Ambos se declararon inocentes de los cargos.
El caso marca uno de los episodios más graves de intervención estadounidense en América Latina en décadas y ha provocado una ola de condenas internacionales y llamados a una solución política al conflicto venezolano.
