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El Departamento de Educación de EU publicó nuevas regulaciones que podrían dificultar la condonación de préstamos estudiantiles federales para empleados de organizaciones sin fines de lucro que trabajen con inmigrantes indocumentados, menores transgénero o participen en protestas públicas.
La normativa, de 185 páginas, modifica los criterios de elegibilidad del programa PSLF (Public Service Loan Forgiveness), que permite la condonación de deuda tras 10 años de servicio y 120 pagos. A partir del 1 de julio, el secretario de Educación podrá descalificar a empleadores, no a individuos, que considere que realizan actividades con un “propósito ilegal sustancial”.
Los pagos realizados después de que un empleador sea excluido no contarán para la condonación, aunque los prestatarios podrán apelar. La medida cumple con una orden ejecutiva de Trump de marzo, enfocada en organizaciones que apoyen la inmigración ilegal, el tráfico de menores, la atención médica de afirmación de género a niños o protestas que alteren el orden público.
El subsecretario Nicholas Kent señaló que la norma busca reorientar el programa PSLF para que los beneficios lleguen a maestros, socorristas y funcionarios públicos que sirven legalmente a la comunidad.
Grupos liberales y legisladores temen que la norma politice el programa, aumentando la complejidad y permitiendo descalificaciones arbitrarias de empleadores que atienden a comunidades marginadas, jóvenes LGBTQ+ o familias inmigrantes.
Organizaciones como Democracy Forward y Protect Borrowers calificaron la medida como un intento de usurpar autoridad del Congreso y castigar opiniones políticas disidentes. Por su parte, legisladores conservadores consideran que la norma introduce salvaguardas necesarias para proteger los fondos públicos de organizaciones que violan leyes federales o estatales.
