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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio nacional. La medida, dirigida a modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución, se aplicaría únicamente a nacimientos futuros.
Un cambio histórico en la interpretación de la ciudadanía
La Enmienda 14, vigente desde 1868, garantiza la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La nueva orden ejecutiva busca alterar esta tradición legal al impedir que el Departamento de Estado emita pasaportes o que la Administración de la Seguridad Social reconozca como ciudadanos a los hijos de indocumentados.
Desafíos legales y constitucionales
La decisión ya ha generado controversia y se prevé que enfrente numerosos desafíos legales. Expertos constitucionalistas señalan que modificar un derecho establecido en la Enmienda 14 requeriría una enmienda constitucional, un proceso que implicaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación por tres cuartas partes de los estados.
Scott Bomboy, del National Constitution Center, explicó que, aunque el Tribunal Supremo no ha abordado firmemente esta cuestión en tiempos recientes, cualquier intento de reinterpretación enfrentará escrutinio judicial.
Impacto en la población migrante
Aunque no se tienen cifras exactas, se estima que en 2022 había 1.3 millones de adultos estadounidenses nacidos de padres indocumentados, según el centro de investigación Pew. La orden ejecutiva afectaría a futuras generaciones, dificultando el acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Reacciones y contexto
Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de sectores conservadores y fue un tema central en la campaña de Trump. Durante su primer mandato (2017-2021), ya había amenazado con implementar esta medida, aunque nunca llegó a concretarla.
Organizaciones de derechos civiles y defensores de los inmigrantes han calificado la orden como un ataque inconstitucional que busca criminalizar aún más a las comunidades migrantes.
Por su parte, la Casa Blanca aún no ha detallado cómo se implementará esta nueva medida ni el cronograma de aplicación.
EFE
